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Revista Haroldo

Diálogo con el pasado y el presente

Dossier / Democracia, 40 años

11/07/2023

Democracia, 40 años

Derechos sociales: recuperar nuestra mejor tradición

Luego de décadas de políticas de integración, el proceso económico iniciado por la Dictadura cívico militar equiparó los índices sociales de Argentina con los de América Latina. “La clave es recuperar nuestras mejores tradiciones para generar procesos de ampliación de derechos, pero vinculados también a la ampliación productiva”, sostiene Daniel Arroyo.

Luego de un ciclo de restricciones, la Argentina vuelve a estar ante un escenario que se asoma más favorable para las próximas décadas porque tiene mucho de lo que el mundo requiere: litio, alimentos, energía y economía del conocimiento. La gran encrucijada que se plantea -y que será crucial en las elecciones presidenciales de este año- es cuántos argentinos va a haber adentro y cuántos afuera y si vamos a poder consolidar -o no- un modelo de desarrollo de largo plazo y que incluya a los 46 millones de argentinas y argentinos. 
En varios aspectos nodales, la puesta en marcha de este nuevo modelo de desarrollo que requiere nuestro país debe tener como imperativo la desarticulación de muchas de las rémoras que dejaron las profundas transformaciones económicas que implementó la última dictadura cívico militar que sufrió nuestro país entre 1976 y 1983 y que luego se consolidaron bajo los gobiernos neoliberales en la etapa posdictatorial. Pero no tengo dudas de que la mejor forma de celebrar y cuidar estos 40 años de democracia es encarar las transformaciones profundas que demanda nuestra sociedad y que aún están pendientes.

“Un lustro, pensábamos, era el tiempo necesario para revertir los treinta años de atraso a los que el peronismo nos había sometido”, señaló el ex ministro de Economía, José Martínez de Hoz, en una entrevista que realizó el periodista Ezequiel Burgo para el libro 7 Ministros. La economía argentina: historias debajo de la alfombra (Planeta, 2011). Las estadísticas revelan la radicalidad de la transformación de la estructura económica y social de la Argentina que provocó el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. ElLuego de décadas de políticas de integración, el proceso económico iniciado por la dictadura cívico militar equiparó los índices sociales de Argentina con los de América Latina. “La clave es recuperar nuestras mejores tradiciones para generar procesos de ampliación de derechos, pero vinculados también a la ampliación productiva”, sostiene Daniel Arroyo.

El  nivel de ocupación se redujo un 34 por ciento entre 1974 y 1983; se produjo una brusca caída del salario real; y los índices de pobreza pasaron del 5,8 por ciento en 1974 al 37,4 por ciento en 1982. Al mismo tiempo, la deuda externa se elevó de los 7.875 millones de dólares de 1975 a 45.069 en 1983. Y un dato crucial: en 1974, la clase trabajadora tenía una participación en el ingreso cercana a los 47 puntos del PBI; para 1983, la participación se había reducido a menos de treinta puntos. En otras palabras, el plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio implementado por la última dictadura tuvo como objetivo el desmantelamiento de las diversas formas de sindicalización y participación obrera, la destrucción de los lazos de solidaridad de las clases populares y la ejecución de un modelo económico que priorizó la valorización de los activos financieros y el endeudamiento externo y desmanteló el proceso de industrialización que se había iniciado en la Argentina a mediados de la década de 1930. 

Nuestro país, a partir de la década de 1940, con la irrupción del peronismo, había comenzado a mostrar una importante integración social caracterizada por la homogeneidad, pleno empleo, equitativa distribución de los ingresos y generalidad de los servicios básicos para las mayorías. Esta situación se asociaba a oportunidades de movilidad social y niveles de consumo elevados para gran parte de la población. Pero desde mediados de los años 1970, como consecuencia del nuevo modelo económico y financiero puesto en funcionamiento por la dictadura, la Argentina comenzó a equiparar sus indicadores sociales a los de América Latina. 

Collage: Juan del Marmol 

Trabajé en muchos países de América Latina y siempre sentí que eran países de un tercio adentro, con altos ingresos, con tres idiomas en sus escuelas privadas, muy globalizados; y dos tercios absolutamente afuera, con trabajos precarizados y sin acceso a la infraestructura básica. La Argentina había logrado romper ese esquema en el siglo XX, con las reformas propuestas primero por el yrigoyenismo y, luego, con las políticas implementadas por los dos primeros gobiernos peronistas. Ese modelo social es el que comenzó a resquebrajarse con la dictadura de Onganía primero y luego con el “Proceso de Reorganización Nacional”. Más allá de las evidentes mejoras que presentaron los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, está claro que nuestro país hoy presenta indicadores en rojo y que necesitamos ideas nuevas para dar vuelta la situación social de modo sostenible y perdurable.

Al terminar de estudiar Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires a principios de los años noventa, anoté en un cuaderno cuáles eran por entonces los tres problemas más graves de la Argentina: la restricción externa, la falta de un modelo de desarrollo y la crisis de representación, es decir la ruptura entre la política y la gente. Hoy esos problemas están vigentes. Si bien el primero de ellos -la falta de dólares- atraviesa una situación crítica, a mediano plazo parece en vías de solucionarse por las posibilidades que brinda el sector energético; entre otros factores, por la flamante puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner.

La clave es recuperar nuestras mejores tradiciones para generar procesos de ampliación de derechos, pero vinculados también a la ampliación productiva. Hay cinco ejes que me parecen relevantes para lo que viene: avanzar en un círculo virtuoso de crecimiento económico con inclusión social; la complementación de las capacidades productivas de los países del Mercosur; un proceso de industrialización sostenido, que logre sacar a nuestro país del mero extractivismo; la integración masiva de los jóvenes en el mercado laboral, por medio de una reforma profunda de la escuela secundaria, la implementación de leyes laborales que promuevan estas incorporaciones y el desarrollo de una estrategia de capacitación en oficios de gran impacto; y la profundización de las políticas de urbanización de los barrios populares.

En primer lugar, la concepción integral de desarrollo como crecimiento económico e inclusión social apunta a que el perfil productivo de un país no sólo debe estar vinculado con sus potencialidades territoriales y los “nichos” que otorga el mercado internacional, sino que a la vez tiene que integrar en la mirada la necesidad de generar puestos de trabajo. No cualquier actividad económica puede ser considerada como parte del desarrollo, sino sólo aquellas que mueven la economía local pero a la vez generan un volumen de trabajo significativo y no precario. La mejora de los ingresos también debe plantear una estrategia que logre garantizar el derecho a la alimentación de todas las familias, bajando el precio de un conjunto de productos que integran la canasta básica.

Por el lado del Mercosur parece abrirse una nueva oportunidad, con el retorno de Lula Da Silva a la presidencia de Brasil. Es necesaria una mirada conjunta de los gobiernos regionales sobre el rol de la inversión pública, las capacidades regulatorias del Estado, la promoción de sectores productivos estratégicos y la necesidad de fortalecer a la región como un actor en el escenario económico internacional. También aquí será clave un programa de largo plazo para la implementación de una moneda única para el intercambio comercial entre nuestros países, que libere la presión sobre el mercado cambiario en dólares. Y tiene una relevancia fundamental la posible incorporación de la Argentina al Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS.

En tercer término, el fortalecimiento de los procesos de industrialización y la generación de valor agregado para la producción primaria son un eje central en la construcción de una nueva idea de desarrollo, como lo viene planteando en los últimos años la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Aquí es clave salir del modelo extractivo, apuntar a procesos de industrialización como el armado de baterías de litio o el aceite de soja. Pero también es fundamental dotar de mayor tecnología y de la masificación del acceso al crédito para las pymes y las cooperativas que son el motor de nuestras economías regionales. Se trata de productos que, en muchos casos, y con una estrategia de comercialización y de potenciación de la Marca Argentina, tienen potencial exportador.  

Hoy uno de los problemas más graves es el endeudamiento de las familias. En muchos casos, la pobreza en Argentina está vinculada no solo a las dificultades de acceso a una alimentación de calidad, sino también a la tecnología inadecuada y la falta de acceso al crédito. Me refiero a un carpintero que no accede a una sierra circular y que por tanto no hace muebles a medida y pierde oportunidades de mercado o un mecánico de autos que como nadie le da crédito para una computadora no atiende los autos con motores a inyección. Son temas que vengo planteando desde hace mucho tiempo. Requieren de la puesta en marcha de Bancos de Máquinas, Herramientas e Insumos de gran escala y llegada capilar a todo el país, de la masificación del sistema de crédito no bancario a tasas bajas y, por supuesto, de poner en debate cuál es el rol del sector financiero, que también se trata de uno de los “grandes legados” de la última dictadura que aún están pendientes de reconfiguración en estos cuarenta años de democracia. 

El cuarto eje pone el acento en los jóvenes y en sus posibilidades de inclusión laboral. Aquí es importantísimo una reforma profunda de la escuela secundaria, con el objetivo de vincular este nivel educativo con la ciencia, la tecnología y la innovación, y con el mundo del trabajo del siglo XXI. Desde mi rol como diputado, presenté un proyecto de ley para garantizar escuelas con infraestructura de calidad, laboratorios, conectividad a internet y equipamiento del siglo XXI. Y profundizar la enseñanza en educación digital, robótica, programación y ciencia y tecnología. Proponemos fortalecer a las y a los docentes, mejorando sus ingresos, su formación y entregando recursos tecnológicos y conectividad. También debemos seguir consolidando y ampliando el Programa Conectar Igualdad, aumentando la entrega de computadoras, la creación de aulas digitales y el acceso a internet de calidad. Apuntamos a mejorar la calidad educativa, con más horas reloj de clases, en especial para mejorar la lectura, la escritura y matemáticas. En la misma línea, propongo crear una gran red de tutoras y tutores que brinde apoyo escolar personalizado a estudiantes, con el objetivo de resolver los déficits de aprendizajes, la repitencia y la deserción escolar. E impulsar la puesta en marcha de un sistema dual que vincule la educación con el trabajo mediante prácticas educativas seguras, certificadas y de calidad durante los dos últimos años de la secundaria. El modelo de formación dual basado en el trabajo práctico tiene antecedentes muy positivos en su implementación en Alemania. Está claro que se trata de reformas que requieren de un amplio consenso y que es una discusión que debe darse con todo el conjunto del sistema educativo.

Uno de los desafíos más complejos está en que, en lo referido al sistema laboral, el problema de los jóvenes no se vincula con el aprendizaje de la tarea sino con darle continuidad a la misma. El problema de los jóvenes no es entender que hay que hacer en el trabajo, sino ir a trabajar todos los días ocho horas en un esquema en donde muchos no han visto ni a su padre ni a su abuelo trabajar. Este problema también se cruza con el de las adicciones y el hacinamiento: el ciclo en los grandes centros urbanos es el de un joven que comienza estando hacinado en la casa por ello se va a la esquina porque hay más lugar y mejores condiciones, en la esquina empieza a consumir porque todos consumen y así empieza a endeudarse. Rápidamente ese joven no sólo tiene un problema de salud y de adicción, sino que también tiene un problema económico que hace que alguien se le acerque para ofrecerle cualquier cosa a cambio de cancelar esa deuda. El ciclo hacinamiento, consumo, endeudamiento, se completa con la posterior estigmatización que hace gran parte de la sociedad marcando a ese joven como el culpable de la inseguridad. Esta descripción lleva a la necesidad de hacer un gran acuerdo social que ponga el acento en la inclusión de los jóvenes y que, además de incluir mucho de lo que ya se está llevando adelante en la Argentina con programas de becas y apoyo económico para los jóvenes, incorpore también una red de tutores. 

El quinto mecanismo fundamental para achicar la desigualdad es la urbanización de los barrios populares que hoy no cuentan con los servicios básicos. En los últimos años, se logró la constitución del Fondo de Integración Socio Urbana, que permite financiar obras de infraestructura urbana, servicios, desarrollo socio comunitario y fortalecimiento de unidades productivas en los más de 5600 barrios populares que tiene nuestro país. Se debe avanzar en el desarrollo de los programas de integración socio urbana, que progresivamente garanticen viviendas dignas y acceso a servicios a los cuatro millones de argentinos y argentinas que hoy viven en condiciones de hacinamiento y sin infraestructura básica. Cada una de estas obras representa también un gran plan de empleo en el sector de la construcción, impulsando la creación de puestos de trabajo para los propios habitantes de los barrios populares.
Estos parecen ser algunos de los ejes sobre los que debemos avanzar en los próximos tiempos. Argentina es un país que tiene todo, recursos naturales, recursos humanos, territorio, una sociedad relativamente integrada -pese a la creciente brecha de desigualdad- y mucho porvenir. 

Hoy los diferentes sectores sociales presentan contradicciones, conflictos, tensiones. Y no solo por sus expectativas políticas, sino también porque ven a los otros como potenciales competidores de sus fuentes de trabajo y de ingreso. Pero más allá de estas distancias y disputas, también se revela que tienen objetivos comunes: la necesidad de un mercado interno fuerte, de un esquema económico que estabilice precios y promueva la producción y el consumo.

La gran tarea política -y el gran desafío que nos debe interpelar para honrar estos 40 años de democracia- es la construcción de una nueva mayoría, acercando intereses (en vez de agudizar las contradicciones sociales) y poniendo en marcha políticas públicas que permitan motorizar las energías y expectativas de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Tenemos que reconstruir la idea de que la Argentina vale la pena y tiene futuro, de que es el mejor país para llevar adelante nuestros proyectos de vida.

Acá hay recursos humanos y económicos, capacidades y condiciones muy potentes. Estoy convencido de que, si ese desarrollo potencial se combina con una mirada de largo plazo y desde la dirigencia política logramos brindar certezas sostenibles, estamos ante la gran oportunidad de generar un nuevo horizonte de futuro para la Argentina.

Daniel Arroyo

Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y tiene un posgrado en Control y Gestión de Políticas Públicas de FLACSO. Actualmente es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Fue ministro de Desarrollo Social de la Nación (2019-2021) y de la provincia de Buenos Aires (2007-2009). Entre otros libros, es autor de “Las cuatro Argentina” y “Políticas Sociales: Ideas de un debate necesario”.

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