Saltar a contenido principal

Revista Haroldo

Diálogo con el pasado y el presente

17/09/2021

Luces y sombras de justicia

Carlos Rozanski fue presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, que dictó la condena a reclusión perpetua a Miguel Etchecolatz, Director General de Investigaciones de la Policía bonaerense  y encuadró sus delitos en el marco de un genocidio. En este artículo Rozanski rememora la figura de Jorge Julio López, testigo clave en esa causa, de cuya segunda desaparición se cumplen hoy 15 años. “Las atrocidades cometidas en épocas de sombras obligan a aumentar cada día los esfuerzos por lograr una justicia verdaderamente democrática que libere los pechos de opresiones”, afirma el ex magistrado.

El 18 de septiembre se cumplen 15 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. Había sido secuestrado, torturado y desaparecido durante años en distintos centros clandestinos de la dictadura a partir de 1976. Esta vez, en democracia y con un aparente funcionamiento pleno de las instituciones, 30 años después, fue desaparecido sin que hasta la fecha se hayan tenido noticias de su destino. Su figura se ha transformado en un símbolo en todo el mundo. La crudeza y precisión de sus declaraciones, sus detallados recuerdos de los crímenes que padeció y presenció, su señalamiento literal de quien fuera su torturador, y finalmente la tragedia de su desaparición forzada, explican la trascendencia de su mensaje. 

Tal como señaló el psicólogo Uri Bronfembrener: “Ningún comportamiento humano puede ser comprendido o apreciado aislado del contexto en el que ocurre”. En ese sentido, un breve repaso por los antecedentes del momento en que se produjo el juicio a Miguel Etchecolatz y la desaparición de Jorge Julio López, resulta imprescindible para comprender ese contexto.

Los atroces crímenes cometidos por el Estado entre 1976 y 1983 quedaron impunes durante décadas. El llamado “Juicio a las Juntas”, en 1985 fue sólo un intento de justicia, rápidamente sofocado mediante dos leyes de impunidad (1986 y 1987) y luego con indultos ilegales (1989-1990) a los condenados. Se consolidaba de esa manera un período ignominioso para nuestro país, que abarcó hasta el año 2003 en que el Congreso de la Nación declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (Ley 25.779). Previamente, el 6 de marzo de 2001 el juez Gabriel Cavallo en un fallo histórico, sentenció que ambas leyes de impunidad eran contrarias a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos vigentes al momento de su sanción y decretó, consecuentemente, su invalidez, inconstitucionalidad y nulidad. Este fallo fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones. Finalmente, el 14 de junio de 2005, decretó la inconstitucionalidad de aquellas leyes que impedían el juzgamiento de los crímenes de la dictadura. Ese fue el momento temporal real en que comenzó la etapa de juzgamiento que pondría fin – parcialmente-, a tantos años de impunidad. Previamente, a partir de 1998, se habían llevado a cabo los llamados “Juicios por la verdad”. Se trataba de desarrollar procesos similares a juicios orales tradicionales, pero sin acusados formales. Su finalidad, ante la vigencia de las leyes de impunidad, era conocer la “verdad” de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado. Se trató de un antecedente muy valioso de los juicios concretos, pero como se dijo, al no contarse con acusados ni mucho menos condenados, el efecto reparador resultaba significativamente menor. En dichos juicios en la ciudad de La Plata, el 7 de julio de 1999 declaró como testigo Jorge Julio López, relatando detalladamente crímenes que había padecido, así como el sometimiento de diferentes victimas con las que compartió cautiverio. Es interesante recordar que, a esa fecha, ni siquiera su familia conocía los hechos que el relató en el juicio por la verdad.

Testimonio de Jorge Julio López en 2006.

Así llegamos al 20 de junio de 2006 en que comenzó el juicio a Miguel Osvaldo Etchecolatz, acusado de gravísimos delitos. En su transcurso, en un testimonio conmovedor, declaró Jorge Julio López. Dio detalles de su cautiverio y torturas al tiempo que describió homicidios que presenció en un relato que años después permitiría nuevas condenas. Durante tres meses se desarrollaron las audiencias donde decenas de testigos propuestos por las querellas y la Fiscalía, relataron los horrores padecidos durante los cautiverios en centros clandestinos de la dictadura. Ninguna fotografía o registro fílmico puede dar cuenta de la dimensión de la tragedia de quien fue privado de su libertad, torturado, y en decenas de miles de casos, asesinado. Las víctimas que sobrevivieron, así como los familiares de quienes no lo hicieron, con sus palabras, con infinito dolor y con el paso del tiempo a cuestas, revivieron sus historias. Esas historias permitieron conocer la verdad de los horrores con el rigor que el derecho requiere, no sólo para la escucha respetuosa de las víctimas, sino, además, para fundar debidamente las condenas que en esos procesos se dictaron. Y en ese desfile de imágenes del infierno, siempre se destacó la de Jorge Julio López señalando con una mano temblorosa por enfermedad, pero firme por convicción, a quien lo torturó personalmente. Cerca de él, Miguel Osvaldo Etchecolatz, sentado en el banquillo, observando el dedo acusador de una de sus numerosas víctimas, en una escena que se repite hasta el día de hoy en distintos tribunales del país.

El 30 de agosto, la última declaración testimonial que se escuchó en el juicio, fue la del ex presidente Raúl Alfonsín. Fue el único testigo que declaró a pedido de la defensa de Miguel Etchecolatz, ya que los dos restantes, Italo Luder e Isabel Martínez de Perón, se excusaron por razones de salud. El Dr. Alfonsín, con la incomodidad lógica de la situación, justificó las leyes de Obediencia debida y Punto Final. Señaló que había dictado esas leyes “con dolor” y que a su modo de ver, “esas leyes fortalecieron las instituciones”. Aseguró además, que eran "necesarias para sacarle de la cabeza la espada de Damocles a cada militar que estaba en actividad". Presentes en la sala miembros de la agrupación HIJOS al ingresar el Dr. Alfonsín, se pusieron de pie y le dieron la espalda por haber "garantizado la impunidad", dijeron, con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, anuladas en 2005 por el Congreso y la Corte Suprema. Instados a guardar conducta a riesgo de ser desalojados, los jóvenes escucharon en silencio al ex presidente de la nación.

Sobre el final del juicio, el 18 de septiembre de 2006, estaba programada la audiencia de alegatos. A la hora prevista, las representantes de las querellas Myriam Bregman y Guadalupe Godoy, acompañadas por las querellantes Adriana Calvo y Nilda Eloy, me solicitaron que demore el inicio de la audiencia ya que no llegaba Jorge Julio López, querellante en la causa. Accedí al pedido y un rato después, reiteraron el mismo. Finalmente, luego de un tiempo prudencial, se inició la audiencia de alegatos, sin López.

Miguel Osvaldo Etchecolatz, genocida condenado en reiteradas oportunidades por crímenes de lesa humanidad.

Al día siguiente y luego de cumplidos todos los pasos procesales, el tribunal dictó su fallo condenando a reclusión perpetua a Miguel Osvaldo Etchecolatz. Por primera vez se enmarcaban, en una sentencia judicial, los hechos cometidos durante la dictadura 1976-1983, en un genocidio.

Al finalizar la lectura del veredicto, en medio de una escena de entendible conmoción, se me acercó una señora mayor, Edna, con un pañuelo blanco en la cabeza. Se trataba de una madre de Plaza de Mayo que había asistido a las audiencias del juicio. Poniendo una mano en su pecho me dijo al oído: “Doctor yo tuve una opresión en el pecho durante 30 años”. Corriendo la mano agregó “se me fue”. Yo le respondí al oído: “Edna, yo hace años tuve un infarto, si sigue hablando, voy a tener otro”.

Es difícil asimilar todas las emociones y efectos que determinados actos de justicia producen en cada protagonista. En el caso de esa madre, no se trataba de un juicio donde algún hije suya resultara víctima. Sin embargo, el efecto reparador de un fallo justo, le liberó el pecho. Quien no entienda ese aspecto del rol que cumple en la sociedad el Poder Judicial, nunca comprenderá la verdadera necesidad de contar con una justicia democrática. Lamentablemente, aquel impulso de los comienzos de juzgamiento a genocidas, se fue volviendo cada vez más lento. En ese sentido, resultaron decisivos los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, quien a diferencia de las gestiones anteriores (2003-2015), se rodeó de colaboradores que en su mayoría comulgan con el negacionismo y la desvalorización de los movimientos defensores de los Derechos Humanos. Eso resultó una habilitación expresa a los sectores más reaccionarios del Poder Judicial no sólo a espaciar los juicios por delitos de lesa humanidad, sino, además, a colaborar con la persecución de opositores y ex funcionarios.

Velas encendidas reclamando por la desaparición de Jorge Julio López. Fuente: Perfil

Como se señaló al comienzo, sólo teniendo en cuenta el contexto en que se producen determinados hechos, es posible comprenderlos en su real dimensión. El terrorismo de Estado, que en aquella década utilizó la metodología desentrañada en los juicios celebrados, hoy se ha reconvertido en apariencia democrática. Si bien la crueldad evidenciada en los secuestros, torturas, desapariciones y muertes de aquella década, resulta indescriptible, el saqueo económico producido durante ese genocidio, fue incluso superado en términos de cifras por la gestión encabezada por Mauricio Macri. Son distintas caras de una misma perversión, la insaciable búsqueda de enriquecimiento y poder.

Nuestra justicia sigue teniendo luces y sombras en cada momento histórico en el que transcurren sus actos. Las atrocidades cometidas en épocas de sombras obligan a aumentar cada día los esfuerzos por lograr una justicia verdaderamente democrática que libere los pechos de opresiones.

Carlos Rozanski

Ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1  de La Plata

Compartir