Hace 15 años que, a ritmo aletargado pero sostenido, las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante la última dictadura cívico militar eclesiástica argentina son revisadas en la Justicia de manera ininterrumpida. Unas 3551 personas fueron o están siendo investigadas en 633 causas judiciales por esos hechos, según el más reciente informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. De ellxs, 1552 fueron represores condenados en 269 sentencias. El número, que es interesante, baja estrepitosamente cuando se busca la representación de los actores económicos en el terrorismo de Estado.

Solo 21 expedientes revisan o revisaron los vínculos de empresarios en secuestros y torturas, en asesinatos o desapariciones de trabajadores y delegados gremiales en 15 años de proceso. La cifra la resaltó el grupo de abogados de lesa humanidad Andhes sobre el tema a principios de 2021. De esas pocas causas, son muchísimas menos las que llegaron a una sentencia. Gabriel Pereira, investigador de la Universidad de Oxford y coordinador del programa Empresas y Derechos Humanos del colectivo Andhes, indicó que "el proceso está estancado en la instrucción con grandes obstáculos para poder avanzar en la recolección de prueba, en la toma de indagatorias, en los procesamientos".

¿Cuánta gente que, de traje y corbata, entregó listas, facilitó información, brindó recursos para posibilitar el terrorismo de Estado, y se benefició con el resultado criminal, está siendo investigada? La cifra apenas supera la docena.

^{Cartel emplazado en la empresa Ford, 2012. Foto: Archivo Red de Procesos Represivos, Empresas, Trabajadores/as y Sindicatos (RIProR)}

2021 de cal y de arena

El número de expedientes no creció, pero en 2021 hubo algunas novedades fuertes. Aunque no todas fueron buenas. Por un lado, en septiembre llegó una noticia que el movimiento de derechos humanos celebró como un gran logro: la Cámara de Casación confirmó las condenas a los exdirectivos de la Ford, Pedro Müller y Héctor Francisco Jesús Sibilla por el secuestro y las torturas a 24 trabajadores de la planta que la automotriz tiene aún en General Pacheco, al norte del conurbano bonaerense, donde montaron un centro clandestino.

No obstante, también hubo hechos a repudiar: el Cuerpo Médico Forense determinó que debido a su avanzada edad, Carlos Pedro Blaquier, el dueño de Ingenio Ledesma y uno de los empresarios más poderosos del país, tiene un nivel de deterioro cognitivo tal que no es posible juzgarlo por secuestros y torturas de trabajadores de la empresa y pobladores de General San Martín, la ciudad jujeña donde se emplaza. Blaquier tiene hoy 94 años; hace 8 que la llave para juzgarlo estaba demorada en despachos judiciales. Sus víctimas y familiares esperaron pacientes durante 45 años. En vano.

“Es el punto más débil del proceso de justicia y el que claramente tiene más fuertes resistencias para avanzar”, definió Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de la Secretaría nacional de Derechos Humanos.

Solo tres juicios orales y públicos de lesa humanidad sentaron en el banquillo de los acusados a civiles empresarios. El que se llevó a cabo contra Marcos Levín, dueño de la empresa de transporte de larga distancia La Veloz del Norte, fue el primero y tuvo una condena en 2016. Dos años después, en agosto de 2018, llegó la absolución a Héctor María Torres Queirel, interventor de Corrientes durante la última dictadura y proveedor de materia prima de la yerbatera Las Marías. A fines de ese año el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín condenó a diez y doce años a Müller, ex miembro del directorio, y Sibilla, ex jefe de Seguridad de la fábrica, en el juicio histórico por las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los trabajadores de la Ford. Ninguno de esos fallos está firme.

^{Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, imputado por su complicidad en los secuestros de Luis Arédez, Omar Gainza y Carlos Melián, ocurridos en Jujuy en 1976. Foto: Enrique García Medina. Fuente: www.pagina12.com.ar}

Un hecho inmenso

Más allá de que ahora es la Corte Suprema la que tiene la última palabra, la confirmación de la Casación del fallo Ford es “fundamental a nivel nacional e internacional”. Así lo definió la investigadora Victoria Basualdo; se refería al fallo con el que la Cámara de Casación confirmó las condenas a diez y doce años a Müller y Sibilla en aquel juicio histórico. La definición llegó en septiembre pasado, tres años después de la sentencia.

"Es un hecho inmenso", amplió la coordinadora de la Unidad especial de Investigación de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica de la Secretaría nacional de Derechos Humanos. No solo por lo que implica que dos ex funcionarios de una multinacional hayan sido condenados por gravísimos crímenes; Basualdo destacó la "mucha fundamentación" que dedicaron los jueces de la Sala II de la Casación, Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, para "ratificar un criterio de construcción de la imputación que es muy complejo, producto de un trabajo muy grande y que a nivel internacional marca un hito respecto de cómo pensar la cadena de responsabilidades de empresarios" en crímenes como los que sucedieron durante la última dictadura en Argentina.

La responsabilidad de los empresarios

Porque una cosa es analizar, rearmar el rompecabezas y traducirlo en un expediente judicial que derive en imputaciones penales para los militares e integrantes de otras fuerzas de seguridad en la matanza de la última dictadura cívico militar: le pusieron el cuerpo y la cara, sus nombres, al golpe de Estado de 1976; las fuerzas de las que emanan tienen una cadena de mandos que siempre enaltecieron, una doctrina para poner en funcionamiento el aparato del Estado arrebatado, un afán por dejar todo registrado --aunque esos registros no hayan visto la luz por completo hoy, 45 años después--. Y, además, el poder real les soltó la mano.

La cuestión con aquellos que ocuparon cargos en empresas es diferente. Sobre todo porque son engranajes de la estructura de poder que empujó, sostuvo y se benefició abiertamente con el plan económico de la dictadura. Y es complejo: "Implica el desarrollo de algo que no existía en la Justicia argentina: En Ford pudimos, no tiene precedentes", apuntó Basualdo.

^{Familiares y víctimas marchan el día del inicio del juicio por la complicidad empresarial por los delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de la empresa Las Marías, Corrientes, 2018. Fuente: https://latinta.com.ar}

Las resistencias

En ese sentido, Pochak insiste en que “hay obstáculos derivados de resistencias del poder judicial para ir a fondo” en esta línea de investigación. Lo que sucedió con Blaquier es “el ejemplo más claro del accionar del Poder Judicial en la búsqueda de impunidad”, apuntó la subsecretaria. “Los elementos para procesarlo y llevarlo a juicio estaban disponibles desde hace casi una década y la demora no es ingenua. Blaquier tiene ahora 94 años, no es lo mismo llevar a cabo un juicio ahora que haberlo hecho entonces”, remarcó. Tras el informe presentado por el Cuerpo Médico Forense la semana pasada, que indica que no está en condiciones de afrontar un juicio, ahora es el Tribunal el que decide. El ex capataz de Ledesma Alberto Lemos, en tanto, sí deberá ser juzgado.

“Se evidencian estrategias de parte de jueces y juezas de congelar en la instrucción” las causas que involucran a empresarios en crímenes de lesa humanidad, coincidió Pereira. “No quieren absolver –aunque lo han hecho, como en el caso de Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia; y en el caso de Las Marías–, pero tampoco condenar y así dejan pasar el tiempo. O si no declaran falta de mérito lo que deja a las causas en un limbo y las adentra en el espiral de apelaciones que provoca grandes demoras. ¿Por qué? Y porque se trata de representantes de grandes grupos económicos de poder nacional e internacional”, amplió.

En el Juzgado federal de instrucción número 2 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, a cargo de la jueza Alicia Vence, existe un expediente que es ejemplo de la doble vara para militares y civiles empresarios: el que investiga secuestros y desapariciones de trabajadores de Mercedes Benz. Mientras los militares acusados de 7 secuestros (son 18 en total) están siendo juzgados desde 2019, recién la semana pasada los civiles fueron llamados a indagatoria. A dos días de comenzar la feria judicial de verano, Vence citó para marzo próximo a Rubén Pablo Cuevas, ex gerente de asuntos jurídicos y Juan Ronaldo Tasselkraut, gerente de producción de la planta de la automotriz en González Catán. Debía la respuesta desde hacía siete años: las querellas lo habían solicitado a fines de 2014.

Una situación similar ocurre en la causa contra los directivos de Molinos Río de La Plata, en la jurisdicción platense del fuero federal: allí, en 2020 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó la indagatoria de un grupo de ex directivos de la empresa –perteneciente al Grupo Bunge y Born–, pedido que aún el juez Ernesto Kreplak no respondió.

También hay algunas “complejidades adicionales” de la investigación penal de esta clase de responsabilidades. “Además de testimonios y otras pruebas, en estos casos hay que analizar y poder acreditar las responsabilidades a partir de la documentación que no está en poder del Estado, que, si existe, la tienen las empresas y que no suelen aportar fácilmente”, indicó Pochak. Presupuestos, inventarios, balances, actas de directorio, “documentación contable que no suele analizarse en las causas”, insistió.

Sobre la impunidad provocada por el Poder Judicial, el caso de Blaquier es ejemplar, más no único. Los directivos de la Compañía Minera Aguilar SA Alfredo Luis Arzuaga y Telésforo Zurita habían sido procesados en 2013 por el juez federal de Jujuy Fernando Poviña. El juicio oral llegó en 2018: para entonces, Arzuaga había fallecido y Zurita estaba senil. “El efecto del punto final biológico está bastante claro”, sostuvo el abogado de Andhes.

Desde la Secretaría están afinando esfuerzos, presentando nuevas querellas en causas que apuntan a estos hechos –se sumaron en el expediente de Norwinco– articulando con otras para imprimir ritmo y dar pasos importantes en los procesos, como en el expediente de La Fronterita, y elaborando informes propios para presentarlos como prueba en diferentes expedientes. Al mismo tiempo, insisten en la generación de consensos para que se retomen áreas de derechos humanos en lugares estratégicos, como el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores, que fueron desmanteladas durante el gobierno de Mauricio Macri.

El contexto

Es difícil escindir los hitos que marcan avances y retrocesos en el proceso de juzgamiento de empresarios por los crímenes de la última dictadura cívico militar, pero la relación entre una cosa y otra no es obvia ni necesariamente lineal. Si bien la mayor parte de las definiciones adversas que recibieron estos expedientes sucedieron durante el Gobierno de Cambiemos –cuando se paralizaron gran parte de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, pero no se logró frenar el proceso: el intento del 2x1, la desfinanciación de programas de investigación, la desactivación de querellas del Estado–, Basualdo advierte un dato: la condena en la causa Ford sucedió, también, durante ese período. “Todo lo logrado en Ford es enorme y tiene que ver con el compromiso de muchos sectores, como los sindicatos, investigadores, artistas y en el centro los sobrevivientes que sostuvieron esto contra viento y marea”, apuntó.

^{Bandera de exdelegados y obreros de Ford en la marcha del 24 de marzo de 2019. Foto: Archivo Red de Procesos Represivos, Empresas, Trabajadores/as y Sindicatos (RIProR)}

2022 ¿Será?

2022 podría –debería– ser el año en el que dos grandes juicios orales y públicos de lesa humanidad sienten a empresarios en el banquillo de los acusados: el que evalúa los aportes de cuatro ex directivos del Ingenio tucumano La Fronterita –Jorge Alberto Figueroa Minetti, quien era el administrador, Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos– para los delitos contra trabajadores de La Fronterita, y el que hará lo propio con Roberto José Pellegrini, exjefe de Relaciones Laborales de Acindar en los 70, y Ricardo Torralvo, personal jerárquico, que integran la lista de 29 acusados por decenas de secuestros y torturas, y una veintena de desapariciones de trabajadores. A mediados de diciembre pasado, la causa La Fronterita fue elevada a juicio. En Acindar todas las partes acusadoras solicitaron que se avance en el mismo sentido.

En tanto, se aguarda que la Cámara de Casación emita su fallo sobre las condenas a cinco militares y tres prefectos por las violaciones a los derechos humanos que sufrieron trabajadores del cordón fabril de La Plata, Berisso y Ensenada, que el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata dictó en 2015. Esa definición también impulsará expedientes para revisar las responsabilidades de empresarios, directivos y administradores de las fábricas Propulsora Siderúrgica, YPF, Astillero Río Santiago y Frigorífico Swift. El cordón fabril de la zona norte de Buenos Aires –integrado por las compañías Dalmine Siderca y el resto del circuito metalúrgico de Campana, Laboratorios Squibb y Lazar, Astilleros Astarsa y Mestrina, ceramistas y textiles– está prácticamente en cero. Fuentes cercanas aseguran que “no hay orden del Juzgado para que se avance en la pata civil”.

Pedido ante la CIDH

A mediados de diciembre pasado, Andhes y el CELS presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos --y otros colectivos latinoamericanos-- un planteo regional sobre el estado de situación de juzgamiento de actores económicos en crímenes de lesa humanidad. “Latinoamérica es la región del mundo con mayor actividad en iniciativa de verdad y justicia respecto de la participación de actores económicos en delitos de lesa humanidad. Por otro lado, hay una brecha de impunidad importantísima. Cosas para rescatar y aprender; y por otro lado, apuntalar las deudas”, explicó Pereira. Así, “en torno de Argentina indicamos que hubo un avance fuerte hasta 2015, cuando se evidenció una parálisis de la que recién parece que empezó a reactivarse hace un año”, sumó Sol Hourcade, coordinadora del área Memoria, Verdad y Justicia del CELS.

El objetivo es que una señal de la CIDH imprima más celeridad al proceso, apuntale de una vez la creación de la Comisión Bicameral que debería haberse conformado en 2015 para estudiar casos de delitos de lesa humanidad con motivación económica y aporte claridad al tratamiento de causas civiles por estos hechos: hasta ahora, la Corte Suprema ha definido todas y cada una considerando los hechos prescriptos. “Los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, remarcaron les abogades.