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Revista Haroldo

Diálogo con el pasado y el presente

25/06/2022

A 20 años de la Masacre de Puente Pueyrredón

26 de junio y después

Los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron un parteaguas en el abordaje de la protesta social por parte de las fuerzas de seguridad. ¿Qué cambió desde entonces? ¿Qué avances y retrocesos se produjeron al respecto? Luces y sombras de un aspecto crítico del orden democrático: ¿es admisible usar la fuerza pública para resolver conflictos sociales?

La Masacre de Puente Pueyrredón dejó marcas profundas. En este breve escrito proponemos algunas reflexiones para retomar una cuestión particularmente afectada por esa experiencia: las formas de problematizar la relación entre el uso de la fuerza pública y el abordaje de la protesta social. La memoria de lo sucedido y los cambios y contradicciones que se suscitaron permiten volver a preguntarnos sobre las maneras de problematizar el conflicto. Las tensiones sobre cómo gestionar la protesta social y de qué modo conducir a las fuerzas de seguridad quedaron en escena tras los asesinatos de los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

El 26 de junio de 2002 distintas corrientes piqueteras decidieron realizar una gran marcha de protesta reclamando, entre otras, la suba de los subsidios para las y los desocupados, más alimentos para los comedores y el desprocesamiento de luchadores sociales. El gobierno nacional junto con el provincial montó un mega operativo que incluyó, además de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a todas las fuerzas de seguridad federales de ese entonces (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina) para impedir que las columnas de manifestantes llegaran a la Ciudad de Buenos Aires. 

El Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) no logró cortar el Puente Pueyrredón y fue desalojado de manera violenta por la Policía de la Provincia, que lo encerró y reprimió. Cuando las y los miembros del MTD se estaban retirando, en la estación de tren Avellaneda (a más de un kilómetro de distancia del Puente) fue baleado Maximiliano Kosteki, militante de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Ante esa situación, Darío Santillán, dirigente de la misma agrupación se dispuso a ayudar a su compañero baleado. En ese momento, la policía le disparó por la espalda a Santillán y, finalmente, ambos miembros del MTD murieron. Además de los asesinatos de Kosteki y Santillán, la represión policial produjo 99 heridos, de los cuales 33 fueron con balas de plomo, y 150 personas detenidas.

 
Desde el inicio de este accionar policial los hechos fueron ocultados y tergiversados por los medios de comunicación y por el poder político. La lucha popular y su incansable denuncia respecto de las mentiras vertidas por medios y políticos lograron que estos hechos fueran investigados y juzgados. 

La reacción social y política ante la masacre marcó un límite a la represión de la protesta y precipitó el llamado a elecciones presidenciales en 2003. El rol que debían jugar las policías y fuerzas de seguridad en el nuevo orden político y social post crisis de 2001 ya era un tema crucial de la agenda pública, tanto en su relación con los reclamos que ocupaban calles, autopistas y rutas, como en relación con el problema del delito. 

Durante la campaña electoral del 2003, las propuestas de “mano dura” estuvieron a la orden del día. Sin embargo, el electo presidente, Néstor Kirchner, esquivó el tratamiento de este tema, focalizando su discurso electoral en la cuestión social. Una vez asumido como primer mandatario, privilegió la articulación y la construcción política con movimientos y organizaciones sociales. El rechazo a la represión como respuesta estatal a la protesta fue una praxis política sostenida en base a tres pilares: la creación de espacios de articulación y construcción política con referentes de las organizaciones sociales; la canalización de las demandas y reclamos; y la conducción política de las fuerzas policiales y de seguridad.



Masacre de Avellaneda, 26 de junio 2002. Foto:  Pepe Mateos / Fototeca ARGRA

Recalculando. Un nuevo paradigma de gestión de la protesta 

Desde 2004 podemos reconocer la emergencia de una nueva forma de gestión de la protesta, la cual se caracteriza por darle un lugar inédito a la regulación no violenta de la conflictividad. Desde entonces, y hasta 2015, vemos el desarrollo de un modelo de intervención novedoso que gana preponderancia en el ámbito metropolitano, aunque, por supuesto, no sustituye completamente la represión de las manifestaciones en el territorio argentino.

Sostenemos que el nuevo paradigma responde a una nueva economía política de la gestión de la protesta. Supone una administración de riesgos y costos políticos que en ese momento se presenta como más efectiva en términos de ejercicio del poder. Pero en ella también reconocemos elementos democratizadores, cuyo valor queremos subrayar y ampliar.

En primer lugar, implica reconocer el derecho a la protesta, a la legítima manifestación y expresión pública de las diferencias, y de las demandas sociales a partir del desarrollo de la acción colectiva. Esto enlaza, además, la manifestación pública de un descontento, de una diferencia, con la negociación como posibilidad de respuesta frente al conflicto. Con cada protesta, entonces, existe la posibilidad de construir una instancia de negociación política en la que las organizaciones sociales adquieren un rol central como interlocutores válidos para los actores gubernamentales. 

También en lo que respecta al rol asignado a las fuerzas de seguridad configura un avance. Por un lado, porque instala la posibilidad de una nueva definición del hacer policial, diferente de la tradicional definición negativa centrada en la idea de prohibir, constituyente de la policía como antagónica a la ciudadanía. Por el contrario, bajo este paradigma se intenta que la policía garantice la posibilidad de expresión social y posibilite instancias para la negociación. Una función positiva en relación a la gestión de la conflictividad.  Pero, también, porque va a cobrar centralidad la pretensión de regular el uso de la fuerza en la gestión de los conflictos. Y esto va a implicar establecer parámetros para la intervención policial y definiciones claras en relación a qué se espera que haga la policía y qué no. 

En gran medida, los cambios asociados a la función policial sedimentaron en herramientas institucionales interesantes que hacen mella en la manera en que se construye y se disputa (incluso al interior de las fuerzas de seguridad) el sentido que debe tener la acción policial. Entre las herramientas institucionales más significativas podemos citar la Resolución 210/2011 del Ministerio de Seguridad de la Nación que establece los criterios mínimos para el desarrollo de protocolos de actuación de fuerzas de seguridad, a la cual adhirieron la casi totalidad de las provincias argentinas (a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Corrientes). También fue muy significativo el trabajo de sistematización del modelo de uso racional de la fuerza, que apuntó a construir criterios profesionales que impacten en la formación y el entrenamiento de la fuerza. 

Estos han sido pasos muy importantes en lo que respecta al trabajo de democratización de las fuerzas de seguridad, pues configuran un escenario distinto al que encontrábamos en los años ‘90. Tanto es así que la gestión de Patricia Bullrich a cargo de la cartera de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) no logró imponer el mentado “protocolo antipiquete”, que buscaba reeditar e institucionalizar la acción policial represiva.

El primer componente de este paradigma de gestión de la protesta, el que supone la movilización de recursos estatales no policiales para resolver la conflictividad, ha sido mucho menos institucionalizado. Y es un desafío permanente instalar públicamente la necesidad de robustecer respuestas articuladas de distintas agencias estatales. Sin esta “pata” este modelo deviene frágil. No sólo no puede ser efectivo, sino que no puede ser sostenible. 

Masacre de Avellaneda, 26 de junio 2002. Foto:  Pepe Mateos / Fototeca ARGRA

Límites y cuentas pendientes

La gestión política y policial de la protesta social que emergió tras la Masacre de Puente Pueyrredón como alternativa al control represivo tradicional, tuvo y tiene sus límites y contradicciones. En términos territoriales y políticos, la vigencia de este paradigma fue notable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero inestable en el resto del país. 

Incluso durante el mandato de Néstor Kirchner, se registraron represiones violentas por parte de gobiernos y policías provinciales que expresaron la fragilidad de esta política, tanto para sostenerse en el tiempo como para extenderse territorialmente (o federalizarse). La necesidad de construir consensos federales sobre las políticas de seguridad en general y sobre este tema en particular sigue siendo uno de los grandes desafíos para una gestión democrática de los conflictos.

Opera como límite de este paradigma la imposibilidad de neutralizar la criminalización de los conflictos y la protesta. Para completar el mapa de actores, es necesario plantear el rol que cumplen los Poderes Judiciales en la imputación de delitos de gravedad a algunos dirigentes y judicializando conflictos.

Esto tiene sus efectos en relación a cómo se abordan, incluso en el AMBA, las acciones colectivas vinculadas al acceso a la tierra que se multiplican al calor de la crisis habitacional que padecen los sectores populares en los grandes aglomerados urbanos de la Provincia de Buenos Aires. En los eventos vinculados a tomas de tierras ocurridos en las dos últimas décadas tomaron protagonismo las respuestas represivas impulsadas por el Poder Judicial y ejecutadas por las fuerzas de seguridad, en desmedro de los abordajes integrales por parte de los actores de los Estados provincial y municipal. La creación del Ministerio de Seguridad de la Nación durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, tras la represión de la toma de tierras del Parque Indoamericano en diciembre de 2010, habilitó un nuevo encuadre institucional para la gestión política de las fuerzas policiales y de seguridad federales. Hubo experiencias interesantes y excepciones a la regla de la judicialización y criminalización de este tipo de conflictos, aunque se está lejos de un consenso no represivo. 

La vigencia de las estrategias criminalizantes también se registra en relación a los conflictos y demandas vinculadas a la defensa de los recursos naturales y el derecho a la tierra. Se trata de reclamos y actores heterogéneos: movimientos campesinos, pueblos originarios, colectivos multisectoriales. El modelo típico ideal de abordaje no represivo de la protesta, construido al calor de la negociación con el movimiento piquetero, debe ser revisado, actualizado y reinventado a fin de contener la fisonomía de estas nuevas formas de protesta social. En esa línea la experiencia de la Mesa alternativa de resolución de conflictos implementada por el Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Sabina Frederic resulta relevante para pensar herramientas democráticas para la gestión de los conflictos. 

Masacre de Avellaneda, 26 de junio 2002. Foto:  Pepe Mateos / Fototeca ARGRA

El deber de no olvidar

Con la Masacre de Puente Pueyrredón se abrió la posibilidad de disputar cuál debe ser el rol del Estado frente al conflicto social. Esa disputa marcó un campo de tensiones y posicionamientos sobre la construcción de límites políticos al poder represivo del Estado, al uso de la fuerza pública y al rol de las fuerzas de seguridad.

Como venimos señalando, en ese escenario emerge la posibilidad de articular un formato no represivo de gestión de la protesta cuya principal herramienta fue la generación de respuestas y soluciones específicas a las demandas sociales. La negociación y articulación interagencial e intersectorial permitió instancias de vehiculización de las demandas y despolicialización de los abordajes. 
Ahora bien, el debilitamiento de estas estrategias, sea por decisión política u omisión, conlleva un avance represivo, porque lo que no se resuelve con política pública se acalla por la fuerza. 

Es la construcción política la que tiene que resolver los conflictos sociales desde las áreas que correspondan y no desde el policiamiento. Este es el punto desde el cual no podemos admitir retrocesos. Debe ser el punto de partida para pensar hacia delante. Más allá de que las ecuaciones de costos políticos puedan variar, por principio democrático y compromiso político debemos exigir que callen las balas y hable la política.

Mariana Galvani, Karina Mouzo, Néstor Morua, Angela Oyhandy y Alina Ríos, quienes produjeron este texto, forman parte del Instituto En Foco, dedicado al análsis de políticas sobre delito, seguridad y violencias.

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