"He luchado, sigo luchando y seguiré luchando porque no voy a bajar los brazos. Yo solo quiero saber de mi hijo, quiero saber dónde están sus restos". Con voz pausada y firme, sin odio, Julia Castillo, de 82 años, se dirigió a los jueces que integran el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, en donde se desarrolla el juicio conocido como la megacausa "Jefatura III", el decimoquinto proceso por delitos de lesa humanidad en esta provincia. La mujer, que desde hace 47 años busca a Hugo Pastor Juárez, secuestrado y desaparecido el 11 de diciembre de 1976, dio su testimonio en una de las primeras audiencias.

El 17 de mayo comenzó este juicio que fue esperado durante un largo tiempo por familiares de víctimas de la última dictadura cívico militar que aún golpean puertas, reclaman en las calles y se abrazan a esperanzas tan finas como hilos de seda para llegar a alguna pista que les señale a dónde están los restos de sus seres queridos. Un deseo tan vigente como los versos de la canción del cantautor Víctor Heredia, que aún pide justicia por las desapariciones de su hermana María Cristina, cuando estaba embarazada, y de su esposo, Claudio Grandi: "Todavía esperamos que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino".  En esta megacausa se juzga la responsabilidad penal de 27 exmilitares y expolicías tucumanos que están acusados por delitos cometidos contra 237 víctimas. De esta cifra, 84 continúan desaparecidas. Todos los nombres fueron leídos en la primera audiencia por el fiscal general subrogante Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi, en representación del Ministerio Público Fiscal.

^{ctúan en la causa como acusadores el Ministerio Público Fiscal y las querellas particulares. Foto: Diego Araoz.}  

Violaciones de domicilios, privaciones ilegítimas de la libertad con apremios, torturas agravadas, abusos sexuales y homicidios calificados son algunos de los hechos por los que deben responder los acusados. La mayoría, cometidos en torno al centro clandestino de detención (CCD) "Jefatura de Policía de Tucumán", ubicada por entonces en pleno centro de la capital tucumana, que era operado por el temible grupo conocido como Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC). En el juicio también se juzgan hechos cometidos por este grupo de represión ilegal en el CCD "Nueva Baviera", un ex ingenio azucarero, ubicado en Famaillá, en el sur tucumano, que era coordinado por el Ejército. Este lugar del horror se encuentra a menos de tres kilómetros del Espacio de la Memoria "Escuelita de Famaillá", el primer CCD del país, por donde pasaron 2.000 personas y 150 aún están desaparecidas.
Julia se sentó frente a los jueces y narró que su hijo fue secuestrado en Taco Ralo, en el sur de la provincia, casi en el límite con Santiago del Estero. La familia vivía en la ciudad de Bella Vista, en donde todo el movimiento del pueblo giraba en torno al ingenio azucarero homónimo, cuando una patota militar, en la que también había policías, entró de noche a su casa, preguntando a los gritos por Hugo. Ella, calló. La golpearon hasta el hartazgo hasta que uno de sus hijos, menor, confesó en dónde se encontraba. Desde entonces, nunca más supo de él. Sus pedidos para dar con su hijo no cesaron, aún en plena dictadura. Tres veces, al menos, fue víctima de ataques en Bella Vista por no hacer silencio. En una ocasión, desconocidos la molieron a golpes y la dejaron tirada en la calle. "En el último, me encontró uno de mis hijos y le mentí que me había caído porque no quería afligirlos. Ya me habían quitado a uno, a Hugo, y no quería que me quiten a otro", recordó. Temiendo por su vida, la familia se trasladó a Buenos Aires y durante años ocultó el domicilio real por temor a represalias. Julia llegó a dar direcciones falsas para evitar que los encontraran. Cada tanto, viajaba a Tucumán para seguir buscando a su hijo mayor. Pero nada.

El pasado 19 de septiembre quedará marcado en la memoria reciente de Julia. Ese día, personal del Juzgado Federal 2 de Tucumán, con colaboración de la Gendarmería, envió desde el predio al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuyos laboratorios se encuentran en la ex ESMA, los últimos fragmentos extraídos del Pozo de Vargas por los peritos del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT). Ella estuvo esa mañana soleada de primavera. En la fosa, ubicada en el municipio de Tafí Viejo, se identificaron los restos de 116 detenidos desaparecidos, hasta ahora. Algunos de ellos, se comprobó en otros juicios, habían sido sometidos a aberrantes tormentos en la ex jefatura de Policía de Tucumán, en donde estuvieron detenidos hasta ser trasladados a su destino final. Por eso, esta madre de 82 años, con las esperanzas que le quedan, reflexionó: "Ojalá los restos de mi hijo estuvieran aquí, quizás con los estudios que se hagan se pueda saber. Si no, seguiré buscándolo hasta mis últimos días". Tendrá que esperar unos meses hasta que se den a conocer los resultados.

El listado del horror

Este juicio contiene una horrorosa huella sobre la vida y la muerte de los detenidos. Más de la mitad de las víctimas de este caso figuran en una serie de documentos extraídos del propio centro clandestino por el testigo Juan Carlos Clemente en 1977 y que fueron conservados hasta 2008, cuando las presentó ante el mismo Tribunal Oral en lo Criminal Federal tucumano, en el marco de su testimonio en el juicio conocido como "Jefatura I", bajo la custodia del Programa de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia de la Nación. Fue la primera lista de desaparecidos encontrada desde el retorno de la democracia, en 1983. En esos archivos, que fueron calificados como de enorme relevancia histórica por la fiscalía, existe un documento de inteligencia en el que figuran 293 personas que pasaron por este centro clandestino de detención, ex Jefatura de Policía. Se trata de 250 fojas de documentación diversa, contenida en dos carpetas negras que, según dijo, mantuvo escondidas dentro de una bolsa de plástico en un contrapiso de su casa, debajo de su cama.

Clemente, de acuerdo a su propio relato en 2008, militó en Montoneros hasta que fue secuestrado en julio de 1976. Luego de interrogatorios y torturas, fue incorporado como administrativo al Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) para realizar diversas tareas, entre ellas, trabajar en el archivo con el rango más bajo de policía. A fines de 1977, cuando se decidió el desmantelamiento del SIC, una parte de los archivos fue seleccionada y trasladada, mientras otra se quemó. En tandas y ocultos bajo su ropa, extrajo los papeles y los guardó durante 31 años. El listado se titula "Índice de declaraciones de DS" (por Delincuentes Subversivos) y  tiene cuatro columnas. La primera es para el número de orden, en la segunda se consignó el nombre del detenido, la tercera es para su alias o apodo; mientras que la cuarta es para observaciones sobre el destino de esa persona: "Libertad", "Dis. PEN" (a disposición del Poder Ejecutivo Nacional) y DF (destino final, la condena a muerte). Familiares de víctimas evitan todavía el contacto con Clemente, dudan de si se trata de un traidor, pero los documentos que aportó fueron claves para algunas condenas. En el mismo juicio hubo un caso similar y que también dio su testimonio. Fue el de Juan Martín Martín, que en su momento fue el principal referente de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y fue detenido en 1976. Dijo haber estado en varios centros clandestinos, entre ellos, la ex Jefatura, y dio los nombres de veinte militantes que reconoció. La principal diferencia con Clemente es que cuando fue liberado, dos años más tarde, viajó a España y denunció en plena dictadura a sus captores.

^{Julia Castillo, Madre de Plaza de Mayo.  Juicio por Megacausa Jefatura III, Tucmán, 2023.}

El destino de Mariana y “Tucho” 

En la quinta audiencia de la actual megacausa se escucharon varios testimonios. Entre ellos, el de Juan Cisneros, que declaró sobre la desaparición de su hermana Mariana Haydee Cisneros y René Humberto "Tucho" Cruz, de 21 y 22 años, que entonces eran novios. Los Cisneros eran de Catamarca y decidieron que sus hijos estudien en Tucumán; mientras Juan cursaba todavía el secundario, su hermana se inscribió en la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Tucumán, en donde abrazó la causa peronista y conoció a "Tucho", que era de Jujuy, que estudiaba Arquitectura.

Una noche, rememoró Juan, desconocidos golpearon la puerta de la pensión en donde vivían los tres y preguntaron por "Tucho". Se retiraron ante la respuesta de que no se encontraba. El joven alertó a la pareja, que decidió ocultarse en Jujuy. En esos días, desde Catamarca llegó el padre de los Cisneros, que todos los meses los ayudaba con unos pesos y una caja con mercadería. Juan tuvo que contarle que Mariana y su novio eran buscados por su militancia y habían decidido esconderse en Jujuy. Fueron en vano los intentos para que ella regresara a Catamarca. Hasta que, de acuerdo a una denuncia, ambos fueron secuestrados en la capital jujeña el 1 de junio de 1977, mientras caminaban por una calle céntrica.

^{Documento con listado de detenidos desaparecidos donde figura el nombre de la desaparecida Mariana Cisneros.} 

El padre de los Cisneros, aunque por entonces no hizo una denuncia, buscó a su hija por todas las formas posibles y hasta mudó la familia de Catamarca a Tucumán. Juan recordó que logró llegar a una persona que dijo ser cercana de quien por esos años mandaba en Tucumán, Antonio Domingo Bussi, ya muerto y condenado por crímenes de lesa humanidad. Tras unos días, esa misma persona le dio un único mensaje a su padre: "No la busque más porque su hija está muerta". Esas nueve palabras demolieron a don Cisneros, que dejó de preguntar por Mariana. Recién en democracia su madre radicó una denuncia. "Pasaron muchos años y un día me enteré de que una persona detenida en la ex Jefatura pudo recopilar una documentación y se publicó la nómina en el diario La Gaceta", dijo ante los miembros del TOF. Se trataba del listado que aportó Clemente en el juicio "Jefatura I". Buscaron los nombres de Mariana y "Tucho" y los encontraron. Juntos a ellos estaban las iniciales DF, destino final, sus condenas a muerte. Desde entonces continúan clamando por conocer el destino de sus cuerpos. "Ahí figuraban el nombre de mi hermana y el de Tucho", recordó Juan. Y se hizo un silencio que pareció una eternidad.